Human Rights Watch pide evitar presencia de ICE en centros de votación

La organización Human Rights Watch (HRW) emitió un exhorto formal para que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se abstengan de realizar operativos o patrullajes en las inmediaciones de los centros de votación durante la actual jornada electoral. El organismo internacional argumenta que la presencia de fuerzas de seguridad migratoria en estas zonas estratégicas podría generar un clima de temor entre los votantes, particularmente aquellos que pertenecen a comunidades migrantes y que temen por su estatus legal en el país.

De acuerdo con la postura difundida por HRW, el ejercicio del derecho al voto debe realizarse en un entorno de seguridad y libertad, sin que factores externos de vigilancia migratoria influyan en la decisión o la disposición de los ciudadanos para acudir a las urnas. La organización sostiene que la percepción de una amenaza directa durante el proceso democrático es un factor que inhibe la participación ciudadana, contraviniendo los principios básicos de un proceso electoral transparente y accesible para todos.

Aunque el ICE es una agencia de seguridad con facultades propias en materia migratoria, la propuesta de la organización civil busca establecer un perímetro de respeto alrededor de los puntos donde se instalan las casillas. El objetivo, según los representantes de la organización, es blindar el proceso contra cualquier acción que pueda ser interpretada como una medida de presión o intimidación hacia los electores, garantizando que el acceso al voto sea una actividad libre de intervenciones por parte de autoridades migratorias.

Hasta el momento, diversos grupos de la sociedad civil han respaldado este llamado, enfatizando la importancia de que las autoridades electorales y de seguridad pública coordinen esfuerzos para evitar cualquier fricción durante la jornada. La petición subraya que la legitimidad de los resultados electorales depende, en gran medida, de la confianza que los ciudadanos tengan en la capacidad del Estado para proteger sus derechos políticos sin condicionamientos derivados de su situación migratoria.