FGR descarta órdenes de aprehensión contra Amílcar Olán y López Beltrán

La titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, informó este jueves que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha emitido ninguna orden de aprehensión en contra de Amílcar Olán, empresario señalado en diversas investigaciones periodísticas por presuntos vínculos con contratos públicos. Durante una breve atención a medios en Palacio Nacional, la funcionaria descartó la existencia de mandamientos judiciales contra el empresario, al señalar de manera directa que no existe ningún proceso de este tipo en curso.

Al ser cuestionada específicamente sobre la situación legal de Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien también ha sido objeto de señalamientos en medios de comunicación y redes sociales, Godoy fue enfática al negar cualquier acción legal por parte de la dependencia federal. La funcionaria reiteró que no hay investigaciones activas que deriven en órdenes de captura contra el señalado, cerrando así las especulaciones sobre posibles procesos judiciales en su contra a la fecha de hoy.

Estas declaraciones surgen en un contexto de escrutinio público sobre las contrataciones y las relaciones de particulares con la administración pública federal. Las precisiones realizadas por la Consejería Jurídica buscan deslindar a las autoridades de los señalamientos mediáticos que se han acumulado en los últimos meses, enfatizando que la actuación de la Fiscalía General de la República debe basarse estrictamente en carpetas de investigación judicializadas y no en las versiones que circulan en el ámbito mediático.

El Gobierno Federal ha mantenido que cualquier irregularidad debe ser denunciada ante las autoridades competentes para que sea la FGR quien determine si existen elementos suficientes para iniciar una persecución penal. Hasta el momento, ninguna autoridad judicial ha confirmado la existencia de causas abiertas que involucren a los personajes mencionados, manteniendo el caso en un plano de señalamientos informativos sin sustento procesal confirmado por los órganos de procuración de justicia del país.