Congreso de Oaxaca aprueba desaparición de poderes en Juchitán de Zaragoza
El Poder Legislativo estatal determinó la disolución del gobierno municipal tras la detención del alcalde Miguel Sánchez y el hallazgo de irregularidades en el armamento policial.

El Congreso del Estado de Oaxaca aprobó este sábado la desaparición de poderes en el municipio de Juchitán de Zaragoza. La decisión, tomada tras un análisis legislativo, se fundamenta en la ingobernabilidad derivada de la reciente detención del presidente municipal, Miguel Sánchez, quien enfrenta procesos legales por causas que las autoridades aún mantienen bajo reserva.
La intervención en este ayuntamiento se precipitó luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaran una inspección en la comandancia local. Durante el operativo, los agentes federales aseguraron armamento y equipo táctico que no contaba con la debida acreditación y registro oficial, lo que levantó alertas sobre la seguridad en la región istmeña.
Tras el fallo del Legislativo estatal, se espera la designación de un consejo municipal provisional que asumirá las facultades de administración pública en Juchitán. El objetivo principal de este órgano será garantizar la continuidad de los servicios básicos y la seguridad de los ciudadanos mientras se definen los pasos legales a seguir conforme a la ley orgánica municipal de Oaxaca.
Por su parte, la Secretaría de Gobierno del estado ha hecho un llamado a la calma para los habitantes de Juchitán. Las autoridades estatales confirmaron que la Guardia Nacional mantendrá una presencia activa en el municipio para prevenir alteraciones al orden público durante el periodo de transición administrativa.
El caso ha generado diversas reacciones en el ámbito político local, donde se debate sobre la supervisión de las policías municipales en zonas de alta complejidad. Las autoridades estatales han reiterado que la prioridad es restablecer el Estado de derecho y asegurar que las funciones municipales operen bajo los estándares de legalidad que exige el marco constitucional vigente.


